El gobierno de España ha puesto a disposición de Repsol al ejercito para blindar la isla de Fuerteventura, uno de los territorios del archipiélago canario donde se realizan tareas petroleras contra la voluntad de los habitantes locales.
Si bien la administración española dice que el desplazamiento de militares en la zona se debe a la importancia estratégica que ha adquirido la localidad producto del petróleo descubierto en ella, los habitantes del archipiélago prefieren que el combustible fósil continúe bajo el mar y se proteja de manera adecuada el medio ambiente de las islas.
De hecho, hace un año la WWF ya reclamaba por la vulneración a la normativa de evaluación ambiental que las tareas de Repsol habían provocado. Pero para la empresa la historia es otra. La multinacional ya saca cuentas sobre la cantidad de petróleo que puede extraer, cifra que alcanzaría los 100.000 barriles diarios de crudo.
Así, la lucha entre los gobiernos de Canarias y el central, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (a cargo de un canario, José Manuel Soria), recién comienza. Incluso Marruecos, país situado frente a las islas, tiene intereses en el tema.
Lanzarote y Fuerteventura, las islas más afectadas por la exploración del suelo marino, han buscado apoyo en organizaciones ecologistas para detener a Repsol, empresa privada con accionistas en todo el mundo.
La isla de Fuerteventura fue declarada el 26 de mayo de 2009 como reserva de la biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
