BOLETÍN TEGANTAI 11: LAS PROFUNDIDADES DEL GASODUCTO BOLIVIA – BRASIL (GASBOL)

TEGANTAI No. 11 Colaboración: 
CEJIS – Trinidad, Bolivia y
Alcides Faria – Coalizão Rios Vivos, Brasil

Mayo 1998

En 1993, empresas petroleras de los Estados de Bolivia y Brasil firmaron un Acuerdo de «Venta de Gas Natural» que involucra la construcción de un gasoducto de una extensión de más de 3.000 km, por un costo total de USD 2000 millones, que partirá de Santa Cruz – Bolivia, hasta Porto Alegre, Brasil. Para la construcción de este mega proyecto, ambos países firmaron un contrato de riesgo (joint venture) con empresas multinacionales de petróleo y gas. Además, los gestores del proyecto consiguieron financiamiento para el gasoducto del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento, entre otros.

Para los gobiernos de Brasil y de Bolivia, según los documentos publicados por las empresas, el GASBOL tiene amplios propósitos económicos y políticos. Los principales serían los siguientes: 

•Aumentar la participación de gas natural de la matriz energética brasileña. Hoy el consumo de gas es de aproximadamente 10 millones de metros cúbicos/día. Esto equivale a 2% de energía consumida en el país. Se pretende llegar en el año 2010 con 12%. 

•Permitir el uso de un combustible «más adecuado» desde el punto de vista ambiental. Se prevé la reducción de emisiones de SO en 20% y de material particulado en 40% en la región metropolitana de São Paulo – 17 millones de habitantes.

•Aumentar la competitividad industrial, en especial en algunas industrias como las manufactureras de cerámicas y de vidrio que hacen un uso intensivo da leña.

•Impulsar el crecimiento del mercado de gas natural en el Brasil, creando las condiciones para una posterior expansión de dicho mercado a partir da importación de Argentina y Perú, y del desarrollo de las propias reservas en el Brasil, en el contexto de la creciente integración de los mercados energéticos en la región.

•Crear una gran oportunidad para adelantar aspectos fundamentales de la reforma reguladora e institucional del sector, proporcionando al desarrollo del mercado del gas natural posibilidades para mayor participación de capital privado en nuevos proyectos de inversión en la operación del sector.

•Profundizar la integración energética entre países vecinos y encontrar nuevas soluciones para sus problemas de balanza comercial, actualmente desfavorable para Bolivia.

•Para Bolivia la apertura de un mercado como el de la región más desarrollada del Brasil, permitiría la obtención de valor por sus reservas de gas y por el desarrollo de estas. 

•Para Bolivia el gas rendirá USD 200 millones/año en los volúmenes actualmente contratados. Este rendimiento podría alcanzar hasta 300 millones/año de acuerdo con la expansión del consumo en el Brasil y el descubrimiento de nuevas reservas. Considerando que el país tiene hoy exportaciones totales de USD 1000 millones/año este incremento tendría considerable impacto.

Reservas Probadas 93,6 
Reservas Posibles 36,9 
Reservas Probables 51 

Total de las reservas 181,5 

Las negociaciones para la construcción de Gasbol se iniciaron en 1974 cuando el presidente del Brasil en la época, general Ernesto Geisel, visitó Bolivia. Uno de los resultados de esta visita fue un acuerdo firmado con el entonces presidente boliviano, general Hugo Banzer. Cabe anotar que dos años antes (1972) en Argentina se había iniciado la importación de gas de Bolivia.

De 1974 hasta el actual contrato, que indica las posibilidades de compra de hasta 30 millones de metros cúbicos/día de gas – y la tubería tiene capacidad suficiente para este volumen – otros protocolos fueron firmados entre presidentes de los dos países: 

1978 entre Ernesto Geisel y Juan Pereda

1984 entre João Batista Figueiredo y Hernan Siles Suazo

1988 entre José Sarney y Paz Estensoro.

Los términos de estos acuerdos son muy distintos. El de 1988, por ejemplo, establece la construcción del gasoducto solamente hasta la frontera entre los dos países para el transporte de 3 millones de metros cúbicos/día. Este gas sería básicamente usado para producción de energía eléctrica para ser exportada al Brasil. Además de esto se buscaría los recursos para el financiamiento de la obra que estaría a cargo de la propia Bolivia. Hoy la Petrobrás es una de las empresas que financian la parte boliviana. Cabe anotarse que el gasoducto solamente avanzó cuando las empresas transnacionales se interesaron y a partir de eso se trazaron estrategias regionales en el campo de la producción, distribución y comercialización para los principales mercados de América del Sur.

IMPACTOS EN BOLIVIA

El gasoducto comprenderá una extensión aproximada 557 km en Bolivia, empezando en una planta de gas natural ubicada en Río Grande, a 40 km de la ciudad de Santa Cruz, y terminando en Corumba, Brasil. El gasoducto afectará al departamento de Santa Cruz y las provincias de Cordillera, Germán Bush y Chiquitos, en una región habitada por las siguientes comunidades indígenas: 6.650 Izoceño – Guaranies, 4900 Chiquitanos y 950 Ayoreos. Según el Banco Mundial, estas poblaciones serán impactadas significativamente por el gasoducto. La construcción del gasoducto incluirá el establecimiento de un derecho de vía de 30 metros, lo que, al final de su construcción, será reducido a 17 metros de ancho.

Serán adecuadas aproximadamente 508 km de carreteras existentes en el área del proyecto para facilitar la construcción del gasoducto, incluyendo carreteras de acceso a lo largo de perímetro del Parque Nacional del Gran Chaco y al interior del Parque Nacional Santa Cruz La Vieja. El proyecto involucrará la construcción de tres estaciones de compresión, dos estaciones de contador, y un centro de control y mantenimiento. El ducto, estará enterrado como mínimo a un metro debajo de la tierra, y será hecho de tuberías de acero de carbono de entre 16 y 32 pulgadas de diámetro. Inicialmente, en 1998, el ducto transportará 9 millones de metros cúbicos de gas por día. Este volumen aumentará gradualmente durante un período de siete años hasta alcanzar los 18 millones de metros cúbicos por día.

El costo total de la construcción del gasoducto es de aproximadamente a 2000 millones de dólares, de los cuales 500 millones serán necesarios para construir el lado Boliviano. El financiamiento y construcción del gasoducto incluye a una complicada red de instituciones y actores involucrados. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB es la empresa petrolera del Estado Boliviano, la cual ha experimentado un proceso de privatización parcial. Junto con los gigantes petroleros ENRON y SHELL, – ambos conocidos por su participación en proyectos de energía muy cuestionados en otros países como tropicales. YPFB formó el consorcio TRANSREDES, que posee 85% del lado Boliviano del gasoducto. El Grupo BTB es un consorcio de empresas petroleras que incluye British Gas, Tenneco and BHP Petroleum, y que tiene el 6% en la parte Boliviana. La Corporación Andina de Fomento (CAF) financia también los costos de la construcción del gasoducto sobre el lado Boliviano.

Petróleo Brasileño S.A., o PETROBRAS, es la empresa petrolera del Estado brasileño que posee el restante 9%. PETROBRAS está encargada de la ingeniería, diseño, adquisición de materiales y construcción del gasoducto Boliviano. PETROBRAS, según se afirma pago US$ 280 millones de los costos de construcción del gasoducto para recibir derechos a largo plazo, de usar el gas que será transportando vía el gasoducto. En un acuerdo con el gobierno de Bolivia, PETROBRAS se comprometió de pagar US$100,000 por cada día después del 31 de diciembre de 1998, en caso de que el ducto no haya sido terminado.

El gasoducto afectará algunas de los áreas ecológicas más sensibles en esta región de Sudamérica. Cruzará pantanos, yomomales, riachuelos y ríos grandes, afectando casi exclusivamente áreas con cobertura de vegetación intacta. Según el Banco Mundial, el tramo del gasoducto fue elegido con el fin de evitar cruzar áreas ambientalmente sensibles, áreas protegidas y pobladas. A pesar de esta afirmación el gasoducto cruzará varios ecosistemas sensibles incluyendo el frágil Pantanal y los Parques Nacionales de Gran Chaco y Santa Cruz la Vieja.

El Parque Nacional Gran Chaco fue creado en 1995 para proteger la más grande área de bosque seco subtropical de América. Con una extensión de 3.4 millones hectáreas, es una de las áreas protegidas más grande de Sudamérica. Es el hogar de un grupo diverso de fauna endémica, incluyendo un número significativamente de especies amenazadas o en peligro de extinción.

El Parque también está ubicado en el territorio de un número importante de comunidades indígenas incluyendo las de los Izozeños y Ayoreos pueblos y es administrado por la Capitanía del Alto y Bajo Izozog cuya organización matriz es el CABI. Los autores de la evaluación independiente del Banco Mundial previenen que el derecho de vía del gasoducto es un factor potencial que puede causar impactos continuos al Parque.

También serán afectados los pantanos de Izogog, Chiquitos y Otuquis por el gasoducto. Estas áreas han experimentado hasta ahora, poca intervención humana y son el hábitat de numerosas especies amenazadas.

Un conjunto de documentos han sido elaborados entre los que están el Plan de Evaluación Ambiental calificado como inadecuado por no proveer suficiente detalles de las medidas de compensación y mitigación, un Plan de Manejo Ambiental, una Evaluación Ambiental Estratégica, una Evaluación Ambiental Economía, un Plan de Desarrollo de Pueblos Indígenas, un Plan de Contingencia y un Estudio de Análisis de Riesgo.

A petición del Banco Mundial, los patrocinadores del proyecto también contrataron la elaboración de una evaluación independiente de los estudios ambientales y sociales preliminares del proyecto que fue puesta en conocimiento el 22 de julio de 1997. En esta, los autores sostienen que la estructura de manejo socio-ambiental del proyecto es compleja y será un desafío su implementación. Las múltiples estrategias de inspección, revisión y auditoría de los operaciones del proyecto proveen tiempos de respuesta muy largos. Además, los autores tuvieron dificultad al evaluar los mecanismos planificados de compensación y mitigación socio-ambiental, por falta de información detallada de estas estrategias. Por último, indicaron que había algunas cuestiones pendientes en relación a aspectos socioambientales sensitivos, y a relaciones complicadas de propiedad y manejo conectadas al proyecto.

La evaluación señala que no se han financiado todos los detalles de muchos de los programas de compensación y no han sido puestos a disposición del público de manera oportuna. Los autores concluyen que no se toman acciones pertinentes, el proyecto puede verse rápidamente involucrado en controversias internacionales ambientales y culturales.

El Banco Mundial mantiene que la sostenibilidad económica de los beneficios del proyecto dependerá de una exploración exitosa de gas en Bolivia. Los gestores del proyecto también han indicado su interés en establecer conexiones entre el gasoducto Bolivia – Brasil y las reservas de gas en países vecinos en particular, el yacimiento de gas en Camisea, Perú, operado por Shell. Sin embargo, a pesar de las expectativas señaladas, el gasoducto tiene potencial limitado para estimular el desarrollo económico en Bolivia.

Por el contrario se prevé varios efectos negativos entre los que se incluyen, la construcción de caminos, la apertura de bosques, la entrada de trabajadores y maquinara en áreas sensibles, la incursión de colonos, contaminación potencial, además de los efectos asociados con el establecimiento de más conexiones entre nuevos fuentes de gas y el gasoducto.

A pesar de la multitud de peligros sociales y ambientales asociados con el proyecto, el 19 de febrero de 1997, el Ministro de Desarrollo Sostenible y Medioambiente de Bolivia otorgó una licencia autorizando la construcción del gasoducto. A principios de agosto de 1997, PETROBRAS inició la construcción en la parte de Bolivia, antes de la negociación final del préstamo del Banco Mundial y sus acuerdos socioambientales asociados, y en ausencia de un consentimiento informado previo de los pueblo indígenas afectados. Además, la construcción se inició sin observar los procedimientos recomendados en el Plan de Manejo Ambiental y sin establecer un sistema de supervisión ambiental, como era requerido en las regulaciones del Banco Mundial. La urgencia de PETROBRAS de proceder en la construcción se debe a la multa que tendrá que asumir en caso de que la construcción siga retrasada. En su prisa por cumplir su plazo, PETROBRAS ha dejado de lado los problemas asuntos sociales y ambientales.

Como consecuencia de la inseguridad respeto a las responsabilidades y jurisdicciones de los gestores del proyecto, algunos grupos de interés público están preocupados acerca del compromiso y la capacidad de los bancos para hacer cumplir los medidas de mitigación socio-ambiental del proyecto en Bolivia. Los autores de la evaluación independiente sugieren que debe investigarse las directrices de los bancos y desarrollarse los criterios para la implementación de las programas sociales y ambientales; los que serían posteriormente evaluados.

En respuesta a las demandas de las organizaciones no gubernamentales interesadas, los gestores del proyecto organizaron, junto con los bancos multilaterales, un foro el 21 de agosto de 1997 en Santa Cruz. El propósito del taller fue revisar los estudios ambientales y los planes de mitigación socio-ambiental asociados con el proyecto. Los participantes fueron muy críticos con el proceso de consulta. Sus críticas incluyeron el hecho que los organizadores de la consulta no proveyeron suficiente información en respuesta a sus peticiones, que muchos grupos afectados e interesados estuvieron excluidos de la consulta, que el proceso careció de suficiente participación, y que la consulta fue realizada solamente como resultado de sus peticiones y después de que la construcción había empezado.

Una de las mayores críticas se refiere al hecho de que PETROBRAS no ha podido establecer un sistema adecuado de monitoreo socio-ambiental que incluya la participación y control de los pueblos indígenas y comunidades afectadas. Grupos interesados han exigido que la construcción del gasoducto sea suspendida, hasta que este sistema no sea establecido argumentando que el sistema que ha sido desarrollado para supervisar las operaciones son insuficientes. Además, otros grupos argumentan que no ha sido satisfecha la petición a Petrobrás de que en la creación de un comité formal y local de monitoreo se incluya un representante de una ONG, quien acompañará a un auditor ambiental durante las visitas de los sitios.

También han reclamado por la imposibilidad de tener acceso a los documentos del proyecto e información actual e insisten en la necesidad de una mayor consulta respeto a las estrategias de mitigación socio-ambiental. Además, los participantes de la consulta y otros se han quejado porque la compensación que será provista por los costos sociales y ambientales es inadecuada. Finalmente, ellos insisten en la necesidad de contar con un plan que incluya una consulta amplia para evitar efectos socioambientales adversos de las actividades hidrocarburíferas futuras en la Amazonía de Bolivia.

IMPACTOS EN BRASIL

La sociedad brasileña, también la boliviana estuvieron muy distantes de las discusiones sobre la iniciativa de construir el gasoducto. En aquellos aspectos en torno a los cuales fue posible crear algún debate las condiciones fueron extremadamente limitadas y difíciles. Esta situación fue determinada por la postura gubernamental – representada por una megaempresa estatal bajo el comando de los gobiernos militares – que no permitió una evaluación apropiada. En este rol están, por ejemplo, las cuestiones ambientales de la obra en el Pantanal de Mato Grosso.

Los primeros estudios a los que tuvimos acceso en 1993 contenían problemas graves y no servían como soporte técnico para el debate y mucho menos para cualquier toma de decisiones. Nuevos estudios fueron distribuidos solamente a partir de julio de 1997 por iniciativa del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Petrobrás, empresa estatal encargada del GASBOL, cuando era solicitada a presentarlos informaba que esto no sería posible o que estarían disponibles solo en su sede localizada en Río de Janeiro, 1.400 kilómetros de distancia de Campo Grande, donde está nuestra oficina. Esta postura generó situaciones como la denuncia de uso de explosivos en el Pantanal en diciembre de 1997, cuando las obras ya habían sido iniciadas.

Las comunidades del pueblo indígena Terena, situadas a lo largo del área de influencia del gasoducto, más específicamente en el Pantanal, no estuvieron presentes en los debates hasta agosto de 1997. No hubo la previsión de cualquier medida compensatoria para estas comunidades y ni siquiera cuidados específicos con la presencia de personas extrañas en las proximidades de las aldeas. Esta situación comenzó a modificarse por exigencia de los indígenas en coordinación con organizaciones de la Coalición Ríos Vivos.

En territorio brasileño el gasoducto tendrá 2.589 km., partiendo de Corumbá, pasando por las importantes regiones metropolitanas de Campinas (SP), Curitiba (PR), Florianópolis (SC) y llegando a Porto Alegre (RS) en el sur del país. En Campinas el Gasoducto tendrá una conexión para Guararema, conectándose con otro gasoducto ya existente que une Río de Janeiro, São Paulo y Belo Horizonte, las tres principales ciudades del país.

En Brasil la responsabilidad del proyecto es de Petrobrás en un consorcio formado por la Broken Hill Proprietary Company Limited – BHP (Australia), Tenneco Energy/El Paso (USA) y British Gas (Inglaterra).

En la parte brasileña el costo de la obra es de 1.600 millones de dólares monto que probado con el siguiente Plan de Financiamiento:

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 240
Banco Mundial 310
Corporación Andina de Fomento 84
Banco Europeo de Inversiones 60
Socios y Agencias de Crédito para la exportación 1005
TOTAL 1.699 millones

En Brasil, el Pantanal de Mato Grosso es un zona ecológica donde se concentran los mayores problemas ambientales. Estos problemas van desde del exterminio de la vegetación, del posible uso de explosivos para la fragmentación de rocas hasta la construcción de rellenos para la instalación de la tubería. En el Pantanal la construcción de estos rellenos es grave porque puede provocar el bloqueo del libre flujo de las aguas con repercusión en largas distancias. Una faja de 20 metros de largo será deforestada en todo el trayecto. En el Pantanal la Ecoa identificó una serie de impactos que provocarían inclusive convite por parte do Gobierno del Estado para sobrevolar en el área de paso de los ductos en la región.

Además del Pantanal la tubería atravesará las áreas de Protección Ambiental de Ibitinga y Corumbataí (punto transitorio de aves migratorias), un trecho del Bosque Nacional de Ipanema (área de experimentación forestal) y los remanentes de la Mata Atlántica en la Sierra de Paranapiacaba, últimas áreas remanentes del Bosque Tropical Pluvial. También serán afectados los remanentes de Bosques Montana e Ombrófila, Savanas gramíneo-leñosas y formaciones vegetales de Galeria. Hay sitios arqueológicos en la área de pasaje.

En Brasil la población afectada pertenece a los indígenas Terena, que habitan el Pantanal, con aproximadamente 15 mil personas. En el sur, del estado de Santa Catarina, hay una pequeña población de los guarani nandeva.

Los terena negociaron en la fase final de decisión del proyecto – a partir de agosto de 1997 – algunas medidas compensatorias y de protección de sus comunidades contra posibles daños por la presencia de un gran número de trabajadores de otras regiones. Desde un inicio establecieron como exigencia principal la ampliación de sus territorios, discusión que no tuvo resultado positivo debido a la intermediación de la Fundación Nacional del Indio – FUNAI, órgano gubernamental. Al final de las negociaciones la información distribuida fue de que la Petrobrás gastaría cerca de 900 mil dólares en obras compensatorias.

Uno de los argumentos más fuertes que presentan las empresas para el desarrollo de GASBOL, a parte del tema de su viabilidad económica, está el de que esta obra contribuiría para disminuir la contaminación del aire en São Paulo a partir de un uso más intenso del gas como fuente combustible en el transporte colectivo. Otros analistas indican que la entrada de un valor entre 200 e 300 millones de dólares en las cuentas de Bolivia contribuiría para disminuir la pobreza en el país y serviría para liberarla de las amarras de la producción e tráfico internacional de drogas. Estos factores, aun verdaderos, no vuelven menos graves la falta de transparencia sobre la iniciativa.

Finalmente, es correcto afirmar que un abordaje profundo de los múltiples aspectos que involucran el Gasoducto Bolivia – Brasil, sobretodo si consideramos los elementos de la geopolítica regional y los intereses de los países ricos como algunas de las motivaciones principales, permitirá encontrar respuestas a las incógnitas de la ecuación del sector energético en gran parte de América del Sur y sus principales mercados.

El GASBOL es uno de los más fuertes elementos que determinan los rumbos de la economía regional. Es evidente que el modelo que orientará su ejecución es una especie de producto reciclado de lo tradicional, como se percibe en la lectura de documentos de las empresas privadas involucradas en la iniciativa, de los agentes financieros y gobiernos, sumadas a los cambios legales promovidos en los últimos años. En el momento actual las políticas públicas ya no son definidas a través de la intermediación de gobiernos locales, pero por «consorcios» de empresas transnacionales interesadas en determinados sectores de la economía. En el área de la energía el GASBOL es el producto más visible de estas políticas e involucran otros países y contienen estrategias de corto, medio y largo plazo. El Gasoducto constituye un marco para las profundas transformaciones en las políticas energéticas en América del Sur y que trae consigo severos e irreversibels impactos socioambientales.

Más información:

EN BOLIVIA:

CEJIS – Trinidad
Tel: 591 46 22976
E-mail: cejis@sauce.ben.entelnet.bo

(en Santa Cruz)
Casilla 2914
Tel-Fax: 591 3 532714/535169
E-mail: Cejis@mail.scbbs-bo.com

EN BRASIL:

Coalizão Rios Vivos
Alcides Faría
Rua 14 de Julho 3169
Campo Grande MS
Tel-Fax: 55 67 724 9109
724 3230
E-mail: ecoa@msinternet.com.br
ecoabrmspant@ax.apc.org

 

PROYECTO PETROLERO Y OLEODUCTO CHAD/CAMERÚN

Colarocaión: Korinna Horta – Environmental Defense Fund

Las más poderosas compañías petroleras del mundo, Exxon (Esso) y Shell, están combinando fuerzas con la compañía petrolera Francesa ELF para lanzar el proyecto de desarrollo petrolero más grande en el continente Africano. El proyecto de 3500 millones de dólares planea desarrollar campos petroleros en tierras del sur de Chad, un área inmersa en un conflicto sangriento desde hace varias décadas, debido al gobierno proveniente de la parte norte del país. A principios de noviembre de 1997, las tropas del gobierno mataron por lo menos 80 personas en el pueblo sureño de Moundou, corazón del área productiva de petroleo. 

Se estima que las reservas en el Sur de Chad son de 900 millones de barriles de petróleo. Con la finalidad de llevar el petróleo al mercado, debe construirse un oleoducto de 1050 kilómetros a lo largo del vecino Camerún hacia la costa del Atlántico donde el crudo será cargado en tanqueros con destino a Europa. El financiamiento del proyecto multimillonario será asegurado a través del Banco Mundial. 

La aprobación del proyecto constituiría una fuerte señal en esta nueva era de cooperación entre las instituciones financieras internacionales públicas y el sector privado, las grandes corporaciones multinacionales están invitadas a amortiguar sus riesgos confortablemente con la ayuda del auspicio internacional que pretende favorecer a los países del Sur.

Tanto Chad como Camerún están entre los países más inestables al Sur del Sahara. En estos países está siempre presente el peligro potencial de un conflicto político amplio y violento. Los impactos ambientales y sociales del proyecto probablemente exacerben las tensiones actuales: «Las tierras bajas, áreas de bosques protegidos y la biodiversidad están amenazadas gravemente por el proyecto y el oleoducto planificados, dice Louis Djomo, quien coordina la Cadena de Acción Forestal Africana (AFAN) una red de alrededor de 60 ONGs en Africa Central y Occidental». El añade: «Estamos especialmente preocupados por la contaminación del agua, ya que el oleoducto cruzará algunos de nuestros ríos mas grandes, que son utilizados por las comunidades locales para sus necesidades diarias».

Una vez que han empezado a fluir grandes cantidades de dinero, es improbable que las compañías petroleras arriesguen sus inversiones al insistir en la protección ambiental y compensación social, en un clima político difícil. No sólo será difícil una consulta pública sobre los impactos del proyecto en el medio ambiente y las comunidades afectadas, sino que es completamente peligroso para los individuos el intentarlo. En un reciente artículo publicado en el principal periódico financiero en los Estados Unidos, el presidente de Exxon urge a los países en desarrollo que eviten controles ambientales con el fin de no arriesgar la inversión extranjera.

La información sobre el proyecto es manejada de manera muy restringida por el consorcio petrolero y sus socios de ultramar. Al momento se conoce muy poco acerca del proyecto fuera de los círculos gubernamentales en ambos países. Solo se hemos podido averiguar algunos detalles acerca del proyecto por nuestros colegas en el extranjero, dice Samuel Nguiffo, un experto forestal y director del Centro del Medio Ambiente y Desarrollo, una organización no gubernamental camerunesa.

Nuestro gobierno piensa que la gente ordinaria no puede negociar con la información, solo aquellos poderosos pueden, explica Nguiffo. Una fuente de Chad que no puede ser nombrada explica: «En Chad, el tema del petróleo es manejado muy cercanamente por una sola familia alrededor del Presidente, aún los Ministros no tienen información actualizada». La falta de información que hay sobre el proyecto empiezan en las oficinas directivas de Washington hasta el mismo sitio del proyecto, en la remota región de Doba al sur de Chad. No se le ha permitido a la prensa extranjera, filmar o fotografiar el campo base de Exxon al sur de Chad. 

Al periodista Martin Zint, quien contactó la oficina de Exxon en Alemania antes de dirigirse al sur de Chad, se le dijo que no había nada que ver en el área del proyecto, excepto por un par de camiones. Para su gran sorpresa, el Sr. Zint descubrió el campo de Exxon con sus impresionantes edificios, infraestructura y equipo. A este respecto, el dijo: «Ellos no me permitieron visitar las instalaciones o tomar fotos, querían pensar que mientras no hubieran fotos, no habría historia».

La gente tanto en Chad como en Camerún ha recibido poca o ninguna información sobre el proyecto que afectará sus vidas profundamente. En la ciudad capital de Camerún, Yaoundé, se anunció una «sesión informativa» sobre el oleoducto en el periódico, el mismo día que estaba señalado. Algunas organizaciones no gubernamentales interesadas encontraron las puertas cerradas en su cara cuando llegaron para asistir a dicha sesión. 

En el campo, el gobierno envió algunos funcionarios para informar a los pueblos locales sobre el oleoducto. Los reportes de ahí señalan que los funcionarios del gobierno prometieron que el oleoducto traería mucho trabajo, que mucha gente blanca vendría al área y que los vecinos «con suerte podrían casar sus hijas con esos blancos».

El Banco Mundial juega el papel principal en el proyecto. De acuerdo a un documento confidencial de Exxon, el auspicio del Banco Mundial será a través, tanto de la Asociación de Desarrollo Internacional (IDA), la agencia de préstamos para los países más pobres, y la Corporacion Financiera Internacional (CFI), el brazo del Banco Mundial que presta directamente al sector privado, representarán la base de la estructura financiera del proyecto. 

Con cerca de 120 millones de dólares del IDA y alrededor de 250 millones del IFC, el auspicio del Banco Mundial representa una pequeña cantidad del costo total del proyecto. Sin embargo, de acuerdo a los ejecutivos del Banco Mundial, a cargo de la preparación del proyecto, el consorcio petrolero no irá adelante con el proyecto, sin la ayuda del Banco Mundial por dos razones: 

• La participación del Banco Mundial reducirá grandemente los riesgos políticos para el consorcio, ya que los países pobres dependen del mantenimiento de un buen estatus con el Banco Mundial como una condición previa para recibir ayuda de otras fuentes. 

• La participación del Banco Mundial actúa con un catalizador necesario para atraer auspicio adicional de las agencias exportadoras y de crédito, y de bancos comerciales. 

Además de proporcionar fondos directamente al sector privado, el IFC planea ayudar a elevar el capital del consorcio en alrededor de mil millones, en débitos de recurso limitado.

Avi Hoffman, un ejecutivo de inversiones en el Departamento de Petroleo, Gas y Minería del IFC explica: «Nosotros vemos a éste, como un importante proyecto para que los países establezcan relaciones con la comunidad internacional. Existirá un impacto expansivo con la construcción de carreteras, la creación de fuentes de trabajo y la transferencia de experiencia».

Las políticas económicas de Chad y Camerún predicen que no habrá una distribución equitativa de las utilidades derivadas del petróleo y los beneficios para la mayoría de gente pobre. Las investigaciones llevadas a cabo por las Publicaciones Unitarias de Inteligencia Económica Británica descubrieron que el tesoro nacional de Chad estaba hasta hace poco controlado por una compañía suiza, por insistencia de donantes extranjeros, que temían que el presidente del país pudiera tener acceso al mismo. 

Recientes reportes de prensa sobre las elecciones presidenciales fraudulentas en Camerún en Octubre de 1997, establecen que el Presidente Biya financia su maquinaria política y su fortuna personal con ingresos petroleros que han sido obtenidos del presupuesto del estado por años. 

Por su parte, Chad, en los pasados treinta años, ha desperdiciado sus energías y recursos en una guerra civil. Las razones del conflicto son complejas y pueden tener su origen en el arbitrario mapa trazado por Francia a finales del siglo 19. El poder colonial, juntó artificialmente poblaciones que tenían muy poco en común, para crear un país tiene dos veces y medio el tamaño de Francia. 

La guerra ha erosionado grandemente los derechos de los musulmanes del Norte del país contra el Sur, la región agrícola más importante del país que es principalmente el hogar de cristianos y animistas. Doba es el corazón geográfico de la rebelión sureña contra el norte y es probable que su riqueza petrolera incremente las demandas locales por una autonomía más grande. 

Como resultado, la frágil paz que existe al momento puede ser amenazada por otra guerra. «Hay mucho de que hablar acerca de la cercana bonanza petrolera en N’Djamena, pero los activistas de derechos humanos de Chad avizoran con temor que el petróleo incrementará la represión y violaciones de los derechos humanos en el sur; en corto plazo la Cuenca del Río Doba se convertirá en un nuevo territorio Ogoni», dice I. Mandeau que encabeza el grupo de trabajo en Chad de Aministía Internacional.

Un incidente trágico reportado por Claudia y Martin Duppel, voluntarios alemanes, que vivieron en la región de Doba por algunos años, ilustran el peligro: «Cuando Dingamtolen Ajjolmian, un campesino local, oyó que un avión iba a aterrizar en un campo cercano, decidió llevar a sus niños a que presencien el raro evento en esta desolada y remota región. Fue asesinado en frente de sus hijos por las fuerzas de seguridad que protegían al personal de Exxon». Los comuneros locales testificaron que el granjero era uno de aquellos, que nunca había dejado el pueblo y que solo quería que sus niños vean un avión. La oficina alemana de Exxon respondió en febrero de 1997, que la empresa no tuvo nada que ver con el incidente ya que los tiros fueron efectuados por un miembro de seguridad de las fuerzas de Chad. 

En el choque entre una de las empresas transnacionales más grandes del mundo, con sus tecnologías sofisticadas, sistemas modernos de comunicación y toda clase de infraestructura occidentales y una cultura tradicional agrícola, los comuneros locales y sus necesidades tienen una clara desventaja. El hecho de que los defensores del consorcio petrolero del Gobierno de Chad son los enemigos tradicionales de la región, hacen que se empeore la difícil situación.

El delegado Yorongar, único miembro del Parlamento en Chad opuesto al proyecto, ha sido arrestado y posiblemente enjuiciado por haber denunciado que el presidente del Congreso ha recibido millones de francos de la compañía francesa Elf.

Mientras tanto en los campos petroleros en Camerún, el Presidente Paul Biya ha sido capaz de mantenerse en el poder durante los pasados 15 años, como resultado de la intervención francesa y la ayuda del ELF, que ha sido por mucho tiempo el instrumento de política exterior Francesa en Africa francoparlante. 

La región francófona de Camerún es más firme en las manos de los amigos del presidente de Camerún, mientras que la parte de habla inglesa del país, cerca de la frontera con Nigeria, existe una fuerte oposición tradicional. Adicionalmente, de acuerdo a la publicación francesa, La Lettre du Continent, la ruta de el oleoducto sigue una lógica militar francesa: una buena carretera correrá a lo largo de todo el oleoducto y proveerá un rápido acceso a las fuerzas de intervención francesas si el status quo de sus alianzas políticas se ven amenazadas. «Este proyecto favorece a ELF, la misma compañía que es conocida por sus negociaciones ambiguas que han arruinado la reputación en Africa francofona», dice Ballande de «Los Amigos de la Tierra» organización que hace seguimiento a los impactos del proyecto.

«No habrá una solución sobre la gobernabilidad en el futuro cercano. La gente está desesperada, pero quieren evitar una guerra civil. Los franceses están detrás apoyando el status quo», explica un intelectual camerunés que prefiere permanecer en el anonimato. El añade: «El Régimen descentraliza problemas, pero no recursos, muy efectivamente. Los recursos deben ser controlados completamente por el centro. Esa es la política de el oleoducto».

Estas políticas son riesgosas empezando desde la inquietud ciudadana por la destrucción de la biodiversidad. Adicionalmente a estos riesgos, dada la poca disponibilidad de fondos, el dinero del Banco Mundial se invertirá en petróleo y el proyecto de el oleoducto y no en sectores más importantes como salud, educación e infraestructura básica. 

«Lo que necesitamos es programas en pequeña escala que respondan a las aspiraciones locales. Un real cambio involucra descentralización, trasmitiendo poder a la gente en las bases, sin ésto, la situación en Camerún siempre ser· un desastre», añade Samuel Nguiffo, como vocero de los sentimientos de muchas organizaciones no gubernamentales en la región.

Más información:

Korinna Horta
Environmental Defense Fund
1875 Connecticut Avenue, N.W., Suite 1016
Washington DC 20009
Tel.: 202 387 3500
Fax.: 202 234 6049
E-mail: korinna@edf.org

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