BOLETÍN TEGANTAI 08: PETROLEO Y OTROS PERROS DE LA GUERRA

TEGANTAI No. 8

Marzo de 1997

SEGURIDAD GLOBAL Y PETRÓLEO
Historia de las relaciones entre el petróleo y las fuerzas militares, sus operaciones e instituciones
La búsqueda de petróleo nunca ha significado paz y benevolencia. La industria petrolera no está libre de abusos a los derechos humanos y al medio ambiente. En 1995 Royal Dutch/ Shell orquestó varias muertes de activistas en Nigeria. En el mismo año, Texaco fue acusada legalmente por racismo ambiental contra los indígenas de la Amazonía ecuatoriana.; el año siguiente la compañía fue acusada en los Estados Unidos por discriminación racial entre sus empleados.

Estos pecadillos palidecen cuando se los compara con las guerras sucias que las compañías petroleras sostienen en todo el mundo. Muchas compañías petroleras están montando y apoyando económicamente – con el justificativo de proteger sus intereses – fuerzas militares y policiales.

Al terminar el milenio, la lógica del capitalismo ha creado mercados en donde lo inimaginable puede suceder, como que compañías petroleras, en su incesante casería de petróleo, tengan que contratar ejércitos enteros y fuerzas policiales y de seguridad para su seguridad.

Fuerzas militares y policiales nacionales, así como brigadas mercenarias han llevado a cabo un número ilimitado de parodias y ejercicios para asegurar los intereses de las transnacionales petroleras. Muchos de estos actos de «estabilización » nacional han sido en contra de pueblos indígenas en muchos países del mundo.

A diferencia de enormes campañas militares internacionales como la Guerra del Golfo, estos pequeños conflictos quedan desconocidos para mucha gente y desatendidos por los medio de comunicación. Las autoridades no le dan la atención e importancia necesarias debido a que en la mayor parte de los casos, reciben dinero de las compañías petroleras para la realización de estos actos represivos.

A su vez los medios de comunicación no siempre pueden acceder a la información, ya que los lugares donde operan las compañías petroleras suelen esta controlados por ellas, incluido su acceso.

Este número del Boletín Tegantai examinará las antiguas relaciones entre las fuerzas militares y las compañías petroleras. Los abusos ambientales y la violación a los derechos humanos por parte de las compañías como Royal Dutch/ Shell en Nigeria y Texaco en Ecuador y su colaboración con los militares indonesios en Timor Oriental son ejemplificadores; estos serán analizados junto con otros casos menos conocidos, como los intereses petroleros tras la Operación Rescate por la Esperanza en Somalia. El tomar una variedad de ejemplos en todo el mundo hará más claro que las relaciones entre las corporaciones petroleras y las fuerzas militares no son coincidenciaso accidentales, son una pandemia global.

 

ESTUDIOS DE CASO

Asia:
– Texaco y los Militares en Timor Oriental
«Nosotros los timoreses siempre supimos que teníamos un montón de petróleo y gas», Joao, Unión Democrática Timorés (UDT) en «Telling: East Timor Personal Testimonies 1942-1992».
Timor Oriental – el nombre en si se ha vuelto un sinónimo de etnocidio, colonialismo en el Tercer Mundo y represión a un todo un pueblo por el interés de salvaguardar una «estabilidad regional». En diciembre 7 de 1975, las fuerzas indonesias invadieron la nueva e independiente ex – colonia portuguesa. Timor Oriental; la invasión fue vista como un premio económico para el líder político indonesio. Pero por el contrario, la invasión fue considerada como necesaria para bajar el riesgo «posible y probable» de los insurgentes comunistas.

Desde la invasión, Indonesia ha mantenido una campaña de genocidio y reiteradas violaciones a los derechos humanos. Hasta hoy, la Asamblea General de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad han aprobado diez resoluciones amonestando las actividades del régimen indonesio en Timor Oriental y demandando la inmediata revisión de su política hacia ese país. Sin embargo, a pesar de las continuas denuncias de la comunidad internacional Indonesia no ha cambiado de actitud. En efecto, el Gobierno Indonesio ha únicamente acelerado su sistemática exterminación de los timoreses. El número exacto de muertos posiblemente no se sepa nunca. Actuales estimaciones sugieren que más de 200.000 timoreses han sido asesinados, es decir más de la tercera parte de la población. Simultáneamente, el gobierno indonesio ha sembrado el terror dentro de los límites de su país, matando a más de 300.00 indonesios llamados «insurgentes y comunistas».

El descubrimiento de significantes reservas «off-shore» en los años 70’s en el Mar de Timor, en el llamado Timor Gap, entre Australia y Timor Oriental, ha legitimado el mantenimiento del régimen indonesio del Presidente Suharto. Adicionalmente, las reservas de petróleo y su potencial beneficio provee una continua, efectiva y justificada presencia militar indonesia en Timor Oriental.

Las reservas de petróleo del Mar de Timor han sido exploradas y parcialmente explotadas originalmente con la ayuda de empresas estadounidenses asentadas en la región: Texaco y Chevron, así como sus subsidiarias indonesias: Amoseas Indonesia Inc., PT Caltex Pacific Indonesia, Western Mining Corporation (WMC) de Australia y Woodside Petroleum.

El área bajo explotación se asienta en la Zona de Cooperación de Timor Gap (ZOC). El ZOC fue el resultado de un tratado entre Australia e Indonesia en 1991, el cual tiene una duración de 40 años. La zona está dividida en tres áreas de explotación: el Area A, la más grande que está controlada por una autoridad bi – nacional entre Australia e Indonesia; el Area B que esta administrada por la Corte Superior de Australia; y, el Area C que está bajo control indonesio. En 1994, la Corte Superior de Australia inició una demanda que negaba la validez del tratado con el cual se creo el ZOC.

Desde 1994 cinco campos petroleros (Elang, Kakatua, Elang West, Laminaria y Corallina) han sido descubiertos en el límite del Area A. Luego de varios estudios efectuados en 1995 por WMC se estableció que por lo menos 200 millones de barriles están en el campo Laminaria, justamente fuera del ZOC. En 1995 Broken Hill Pty (BHP) reportó, luego de la perforación exploratoria flujos de 5800 y 6000 barriles en sus pozos dentro de los límites del Area A. En Diciembre de 1995 David Beddall, el Ministro Federal de Recursos de Australia acotó ante el Financial Times que «no hay indicios de que el ZOC sea El Dorado , pero este año hay un mejor prospecto que el anterior».

La mitad de los beneficios de las Areas A y C se destinan al apoyo a la dictadura militar de Indonesia. En el caso del Area administrada por Australia, ningún beneficio es compartido por el régimen de Suharto.

De acuerdo con Charles Scheiner, coordinador de la Red ETAN (East Timor Action Network), Texaco, Chevron y sus subsidiarias están profundamente involucradas con los regímenes militares como lo están en Indonesia lo que les permite controlar Timor Oriental. Se conoce que Texaco ha colaborado, durante más de 30 años, con el régimen de Suharto.

Texaco, Chevron y sus subsidiarias han promocionado activamente una imagen positiva del régimen de Suharto, a pesar de las condenas de las Naciones Unidas y de otros gobiernos. En 1992, las compañías petroleras publicaron un elogioso artículo en una página entera en el New York Times con el título de «Indonesia: Un modelo para el Desarrollo Económico»..

Se estima que las compañías petroleras han pagado más de 25 mil millones de dólares al régimen de Suharto para obtener los derechos de explotación de las reservas del Mar de Timor. Una cantidad significativa de este dinero ha servido para garantizar la seguridad de las operaciones en el Timor Gap y otra gran, efectivamente para subsidiar las brutales actividades de la dictadura de Suharto en Indonesia y Timor Oriental.

En 1995, durante la reunión anual de accionistas de Texaco, C. DeCraine apuntó que Texaco no cesaría de hacer negocios con el régimen indonesio. Ocasionalmente, DeCrane también acotó que Texaco apoya las resoluciones de las Naciones Unidas denunciando las actividades del régimen de Suharto, pero no es tarea de Texaco el hacer cumplir estas resoluciones.

Debemos señalar que, además de Texaco, Chevron, WMC, BHP más de 30 diferentes compañías petroleras están vinculadas a la explotación de petróleo en Timor Oriental e Indonesia. Sin embargo, es la familia Suharto quien controla todos los aspectos relacionados al petróleo, gas y petroquímica, desde la exploración hasta la exportación. Este dominio es facilitado por su control simultáneo de la distribución de vehículos, la aerolínea nacional Garuda , el sistema de telecomunicaciones y todas las carreteras del país.

Los hijos de Suharto, Tommy y Bambang Mandala Putra han sido en numerosas ocasiones intermediarios entre las multinacionales petroleras y el gobierno de su padre. Ellos frecuentemente tomaban decisiones con respecto a cuando los proyectos debían iniciarse y en donde debían estar localizados. Ellos han utilizado constantemente el apoyo de las fuerzas armadas para la construcción de los proyectos petroquímicos, petroleros y de gas. No sorprende el hecho de que una gran parte de los beneficios económicos se destinan a la compra de armas para sostener el régimen militar y la ocupación de Timor Oriental.

– Birmania y 30 años de dictadura
Birmania, re – bautizada como Myanmar por el régimen militar el 18 de junio de 1998, tiene 46 millones de habitantes constituidos entre numerosos grupos étnicos que hablan más de 100 lenguas. Birmania fue independiente en el año de 1948 con un régimen democrático parlamentario hasta el golpe militar de Ne Win en marzo de 1992. La supresión de todos los derechos civiles y políticos desencadenaron en todo el país protestas que provocan hasta hoy en día numerosos detenciones y muertos. En 1988 se establece el SLORC (State Law and Order Restoration Council) que actúa como instrumento para reprimir cualquier manifestación en contra del régimen.
Muchas estrategias de represión ha utilizado el SLORC, entre ellas una de las más cuestionables como es condiciones de trabajo al nivel de la esclavitud.

Según informes de Amnistía Internacional más de 800.000 burmeses se han visto forzados a trabajar en obras civiles como el aeropuerto, el canal de Mandalay y los gasoductos de UNOCAL y TOTAL. Birmania posee innumerables recursos naturales. Es un país rico en teca, piedras preciosas y gas natural. Sin embargo, también es tristemente conocida como el mayor exportador de opio y heroína. En este escenario económico, las empresas francesas encabezadas por TOTAL juegan un rol muy importante. Conjuntamente con TOTAL encontramos a otras empresas de servicios petroleros como CGG (Compagnie Générale de Géophysique) y Schumberger.

A inicios de la década de los 80 grandes yacimientos de gas natural fueron descubiertos en Birmania. Actualmente, el gas es una fuente prometedora para el SLORC y TOTAL no es la única compañía interesada en explotarlo. Junto a ella están ARCO, Texaco y UNOCAL (Estados Unidos), Premier Consolited Oilfields (Gran Bretaña), Nippon Oil (Japón) PTT-EP (Tailandia) y la estatal birmana Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE).

En julio de 1992, TOTAL firmó con MOGE un contrato para la producción del gas del yacimiento de Yadana. En 1993, UNOCAL se asocia y adquiere un 47% de las acciones a TOTAL. Finalmente para 1995, el consorcio queda establecido de la siguiente manera: TOTAL 31,24%, UNOCAL 28,26%, PTT-EP 25,5% y MOGE 15%.

Este yacimiento se encuentra en el mar de Andaman, a 70 km al sur de las costas meridionales de Birmania y a 340 km de la costa occidental. Las reservas se calculan en 140 mil millones de metros cúbicos que empezarán a extraerse a fines de 1998. En su apogeo producirá 18 millones de m3 por día. 14, 5 millones serán enviados a la central eléctrica tailandesa de Ratchaburi y los 3,5 restantes a la central eléctrica que será construida en la región de Ragoon.

De acuerdo al contrato, de la cantidad de gas producido, una parte se entregará gratuitamente al gobierno birmano, y el resto se dividirá entre las partes del consorcio proporcionalmente al porcentaje de participación.

Para la explotación del gas son necesarias varias obras de infraestructura evaluadas en 100 millones de dólares. Entre otras tenemos a las plataformas de explotación, los campamentos de los trabajadores, varios helipuertos, una pista de aterrizaje y dos gasoductos. El uno será construido bajo responsabilidad directa de MOGE y será el gasoducto que lleve el gas a Rangoon y el segundo hasta la frontera tailandesa estará bajo la responsabilidad de TOTAL. Este último tendrá 409 km de longitud de los cuales 346 en el mar de Andaman y 63 en la región de Tenasserim. Para la construcción del tramo terrestre se necesitarán además construir varias carreteras. Una de ellas es la vía Daminhseik-Michaunglaung.

Innumerables testimonios de pobladores de estas regiones dan cuenta de los impactos y violaciones llevadas a cabo para la construcción de estas obras. TOTAL, UNOCAL y las otras empresas del consorcio son directamente responsables de estos atropellos y violaciones a los derechos humanos.

Para garantizar las operaciones petroleras, el SLORC ha desplazado grandes poblaciones que «estorbaban» en la construcción del proyecto, ha eliminado consecutivamente a la oposición y ha utilizado mano de obra en situación de esclavos para la construcción del gasoducto. La región de Tenasserim se encuentra totalmente militarizada para garantizar la seguridad de las operaciones. En una entrevista en Reuters Financial Report Energy News, M. Madeo de TOTAL manifestó: «Sabemos que puede haber problemas (…) obviamente, el gobierno nos ha dicho que la región estará segura..» Por otro lado, un impuesto, llamado «impuesto al gasoducto» es forzado a pagar a todos los pobladores.

En numerosas ocasiones TOTAL y UNOCAL han sido acusadas de ser cómplices de lo que está ocurriendo en Birmania, sin embargo aluden una supuesta independencia a la política de ese país. TOTAL ha dicho que «ellos no quieren inmiscuirse en la política de Birmania, tomando partido por los unos o los otros», y añade «en cuanto somos una compañía internacional nos tenemos prohibido todo comentario de naturaleza política en cualquiera de los 80 países en donde operamos». Su actitud solamente legitima este régimen represivo que no respeta los derechos humanos y hace caso omiso de los acuerdos internacionales como el No. 29 dela OIT sobre los trabajos forzados. Debemos insistir que TOTAL demuestra ser cómplice no solamente por sus declaraciones sino que es en parte culpable al mantener una asociación jurídica con el régimen (en base al contrato con MOGE en el consorcio). Adicionalmente, informes recientes indican que estas empresas pueden ser sujetos de auditorías e investigaciones penales ya que, según Geopolitical Drugwatch MOGE es uno de los principales agentes de lavado de dólares provenientes del tráfico de heroína.

TOTAL también asume que ha tenido una gran participación en el desarrollo económico de Birmania, sin embargo, desde que se firmó el contrato, las violaciones a los derechos humanos así como los impactos socio – ambientales han aumentado considerablemente. Se puede ilustrar ampliamente que, no solo en Birmania, la presencia de empresas petroleras no va de la mano con un aumento en el nivel de vida de la población, por el contrario, se agudizan los problemas socio – económicos y ambientales. Inclusive, en muchos casos, la intervención de transnacionales en la explotación de recursos naturales en países no democráticos nunca ha traído la implantación de la democracia, más bien se han fortalecido regímenes autoritarios y represivos .

Africa:
– Nigeria y la cuestión Ogoni
«No hay culpa para los que pelean frente al opresión, pero Allah castigará al opresor algún día»
Ken Saro – Wiwa, en su expediente presentado al Tribunal Militar en Part Harcourt, Rivers State, Nigeria, finales de Octubre 1995.
En al mañana del viernes 10 de noviembre de 1995 a las 11:30, Ken Saro – Wiwa, Barinem Kiobel. John Kpuinen, Baribo Bera, Saturday Dobee, Felix Nwate, Nordu Eawo, Paul Levura y Daniel Gbokoo fueron colgados. Ellos fueron juzgados y encontrados culpables por los supuestos asesinos de 4 viejos Ogonis. La historia que rodea la ejecución en la horca es un acto siniestro que según el director de campañas por los derechos humanos de Sierra Club, revela las «extremas medidas que una multinacional corporativa puede usar para proteger sus intereses» e ilustra la «insidiosa relación» entre las compañías petroleras y las dictaduras militares».

El caso mantenido en contra de Saro – Wiwa y de los ocho ogonis se basó en calumnias y cargos ficticios. Sin embargo, es conocido por todos que los nueve ogonis, activistas por los derechos humanos y ambientales fueron asesinados por liderar protestas no – violentas en contra de las actividades de Shell International Petroleum Company (Shell) en su territorio.

El legado de Shell de contaminación en Ogonilandia y en otras zonas de Nigeria datan desde el inicio de sus operaciones en 1958. De acuerdo al informe de julio de 1994 de Greenpeace Internacional, «Shell Shocked: The Environmental and Social Cost of Living with Shell en Nigeria», Shell en sus treinta año de operaciones en lugar de establecer estándares y promover relaciones positivas con la gente local o definir políticas socio – ambientales, hizo todo lo contrario.

Shell también frecuentemente contrata o pide asistencia a los militares nigerianos para proteger las operaciones y facilidades de la compañía, así como a las fuerzas militares para reprimir protestas no – violentas. Una de las peores atrocidades cometidas ocurrió cuando Shell ordenó a la Fuerza Policial Móvil nigeriana (MPF) – llamada también por la gente Kill and Go Mob (Ve y Mata Mob) – para frenar una demostración en contra de la compañía en Umuechem a diez millas de la tierra de los Ogonis.

La solicitud oficial de Shell está registrada de la siguiente manera: «solicitamos de ustedes (MPF) urgentemente nos provean protección para nuestra seguridad». La solicitud «urgente» resultó con la muerte de 8 manifestantes por disparo de arma de fuego y la destrucción de cerca de 500 hogares.

Shell ha contratado a la MPF y a las fuerzas militares en numerosas ocasiones. Shell ordenó a las tropas militares regresar nuevamente a Umuechen en 1990, para reprimir nuevas manifestaciones no – violentas en su contra. El saldo de la intervención de ese año fue de 15 muertos. En octubre 25 de 1993, la policía militar, utilizando vehículos de Shell entró a Koroko en Ogonilandia. Allí mataron a un joven de 18 años e hirieron a muchos pobladores. En febrero de 1994, Shell envió soldados a Nembe Creek, para responder a una protesta en una de sus estaciones. Varios pobladores fueron detenidos y subsecuentemente golpeados en público. Cuando otros campesinos intervinieron, los soldados abrieron fuego contra la multitud. Esta vez se reportaron varios heridos.

Shell también ha ayudado a las fuerzas militares y policiales, en la importación de armas, para el resguardo de su seguridad. En enero de 1994 el Observador de Londres informó tener documentos revelando la importación de armas a Nigeria por parte de Shell entre 1993 y 1995. De acuerdo a los personeros de Shell las armas fueron para «proteger sus instalaciones petroleras».

Shell no está sola en la utilización de apoyo militar nigeriano y de sus fuerzas de seguridad. En octubre de 1993, la empresa Obagi Elf Corporation ordenó la intervención de la policía militar para frenar una demostración de más de 5000 pobladores. En noviembre de 1993, mas de 3000 residentes de Brass hicieron una manifestación en contra de Agip. Esta compañía solicitó la ayuda de las fuerzas armadas y de los marinos nigerianos. Las tropas realizaron un asalto con gases lacrimógenos en contra de los manifestantes, atacándolos además con garrotes. Hubo un número indeterminado de heridos.

En octubre pasado, el Ministro de Finanzas de Nigeria, Anthony Ani anunció un plan de cinco años para la liquidación de sus yacimientos petroleros. Ani estimó que la transacción podría aportar con 18 ó 20 mil millones de dólares de ganancia, ayudando así a cancelar la deuda externa de Nigeria que asciende a alrededor de 37 mil millones de dólares.

La propuesta no hubiera sido posible sin el apoyo ofrecido por General Sani Abacha, de traer nuevos actores al escenario petrolero de Nigeria. Dos semanas antes de que Ani hiciera su anuncio durante las reuniones anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en Washington, DC, Abacha lanzó ataques en contra de Exxon y otros socios de Nigeria tales como Mobil, Chevron, Shell, Agip y Elf, para advertirles de su inminente propuesta.

En Octubre 3, el diario The Oil Daily informó que «la gobernante cúpula militar de Nigeria tiene un vasto interés en el plan . Muchos de los comandantes militares y de los oficiales gobernantes ven, en privado, una oportunidad de obtener ventajas en la adquisición de los yacimientos petroleros» .

Shell, Elf, Agip, Mobil, Chevron y más de una docena de otra compañías petroleras generan más del 80% de los ingresos económicos en Nigeria. Estos ingresos subsidian los gastos de la dictadura militar del General Sani Abacha. A su vez, las fuerzas militares del general Abacha acuden inmediatamente al llamado de las compañías petroleras. La manera en que operan las compañías en Nigeria es un mero reflejo de como operan en todo el mundo: utilizando la fuerza y con un sistemático uso de la violencia por parte de las fuerzas militares de donde operan.

– Somalia y la Operation Restore Hope:
En 1991 estalla la guerra civil en Somalia, en la cual Estados Unidos intervino con la suma de 2 mil millones de dólares de los cuales el 90 % fueron destinados a cubrir gastos del UNOSOMI (fuerzas militares). Muchos intereses estadounidenses entre los que se encuentran la industria frutícola, encabezada por la gigante transnacional Dole, así como la industria petrolera estaban en juego.

Phillips Petroleum Co. y Conoco son dos de las muchas compañías petroleras que están atentas a la iniciativa de las Naciones Unidas de reconciliar a los líderes somalíes Ali Mahdi Mohamed y y Mohamed Farah Aldeed. Estas y otras compañías han puesto un gran interés en que se re – establezca las actividades de exploración en Somalia, en sus extensas concesiones en este país sitiado. Sin embargo la intermediación de las NNUU para la firma del acuerdo de paz ha provocado un ligero optimismo en los círculos diplomáticos y de la industria.

Somalia no tiene aún producción comercial de petróleo, pero Phillips y Conoco ya firmaron acuerdos, en 1990, previos al estallido de la guerra civil. Estas empresas participaron en la exploración y perforación de dos pozos antes de que sus operaciones se suspendan. Phillips posee una concesión en su totalidad y el 25% de las concesiones que opera Conoco. Esta última también posee bloques petroleros en el norte del país en un área controlada por uno de los líderes, Abdul Rahman Ahmad Ali.

Recientemente, un consultor experto en exploración petrolera sugirió al Primer Ministro Somalí Omar Arten Ghalib el crear una Empresa Nacional de Petróleos Somalí para efectuar los trabajos de exploración y explotación hasta que se restablezca la paz.

Latinoamérica
– Colombia: guerrilla y narcotráfico.
En toda Colombia, las drogas, el dinero del petróleo y los militares se convierten en una mezcla muy peligrosa para la gente local. Colombia que durante muchos años se ha visto plagada de problemas de drogas, una fortalecida guerrilla se ve afectada por los estragos de los excesos de las compañías petroleras.
Algunos de las más grandes reservas de petróleo en el hemisferio occidental están al pié de los Andes colombianos, bajo los campos Cusiaga y Cusiana en el Departamento Casanare. Se estima que los campos producirán 600.000 barriles por día, cantidad que se espera llegará a 1’000.000 en el año 1999. Analistas de la industria calculan que las reservas son de 2mil millones de barriles. Esto representa casi el doble de las reservas del yacimiento contigua Piedemonte.

Gigantes petroleros como son la estadounidense OXY, British Petroleum y la francesa TOTAL han invertido enormes sumas de dinero en este proyecto. Bajo pedido del Gobierno colombiano las compañías petroleras han invertido esta gran cantidad de dinero para hacer un estudio evaluatorio de las instalaciones, equipos y en expertos extranjeros en un esfuerzo de aumentar las exportaciones de crudo. BP por si sola ha invertido más de 3 mil millones desde 1992. Los resultados han dado al yacimiento de Casanare una tasa de crecimiento que sobrepasa dos veces el promedio nacional.

Estas sumas de dinero de las compañías han también sido usadas para asistir y apoyar a los profesionales militares y la fuerzas de seguridad, ostensiblemente designadas a proteger loas campos petroleros usualmente objetos de ataque de los narcotraficantes y de los grupos guerrilleros.

En Agosto, el New York Times, publicó un informe que señala que BP contrató a 500 soldados y 150 oficiales del ejercito colombiano para intensificar y asegurar las instalaciones petroleras a lo largo del país. Se estima que BP ha pagado al rededor de 54 y 60 millones de dólares para protección privada.

Un boletín de prensa de BP, emitido al día siguiente de la publicación neoyorquina, manifiesta que las aseveraciones son exageradas y sensacionalistas, pero sin embargo acepta que BP ha hecho desembolsos al Ministerio de Defensa. Representantes de BP aseveraron que esta ayuda es para apoyo no – letal a los militares colombianos.

Phil Mead, jefe de las operaciones de BP en Casanare, dijo al Financial Times en Noviembre de 1996 que «ellos suelen toparse con la Brigada militar No. 16 regularmente»; y, según David Battman, Director de investigaciones del departamento de control de riesgos en Londres, «los ataques de la guerrilla a las compañías petroleras son frecuentes y no es muy claro si la alternativa es tener a las fuerzas armadas defendiendo nuestras instalaciones».

En el Oil Daily, un día después de la publicación del New York Times, BP comentó que la práctica de reclutar tropas para protección privada es una antigua práctica de defensa en contra de la violencia rebelde; los recursos colombianos también reiteran esta posición diciendo que no es algo nuevo.

Colombia actualmente vive una «guerra de impuestos» con todas la compañías. La figura es, en términos generales 1 dólar por barril. Este «impuesto» establecido en 1991 ha generado más de 100 millones de dólares de ganancia para proveer de fuerzas de seguridad a las operaciones petroleras.

La falta de ley en Casanare, sin embargo, ha hecho que las compañías petroleras frecuentemente paguen «dinero manchado de sangre» a quien pueda garantizar protección a su equipo de gente e instalaciones. Se conoce que OXY, por su parte, realiza pagos mayores a los rebeldes para alentarlos a dejar de dinamitar el oleoducto Cano Limón en el Departamento de Arauca, aunque no se sabe el valor exacto de sus pagos; fuentes colombianas aseguran que este dinero debe ser muy alto porque este oleoducto ha sido dinamitado más de 40 veces en 1995 y que cada pago sería de 250 mil dólares. Estos altos pagos perpetúan un ciclo vicioso fuera de control: los grupos rebeldes son capaces de comprar más armas y continuar atestando golpes a las operaciones petroleras y las compañías continuarán haciendo pagos, solo para tratar de controlar nuevos brotes de insurgencia.

BP rehusa hacer pagos a los rebeldes, aunque algunos especulan que los dólares que paga BP al ejército colombiano se destinan a comprar armas que luego son vendidas a los rebeldes; estos a su vez pagan mucho más porque reciben dólares de otras compañías petroleras. De acuerdo a Carlos Lemos Simmonds, Vice – Presidente de Colombia los crímenes de la guerrilla son un «gran negocio».

No se puede cuestionar que las compañías petroleras han dispensado enormes sumas de dinero hacia el Gobierno y hacia los rebeldes para poder contar con «fuerzas militares y de seguridad» y mantener el flujo de petróleo. Sin embargo todos estos sobornos, chantajes e impuestos no han logrado de ninguna manera frenar el desastre ambiental y la constante violación a los derechos humanos en esa región en donde reina el caos legal y social.

En octubre del año pasado el parlamentario europeo Richard Howitt comparó las actividades de BP con la de Shell tachándolas de «inhumanas frente a los Ogoni». Luego de una visita a Colombia y de entrevistarse con BP, ellos admitieron que ha ocurrido «ligeros derrames, contaminación de aguas, liberación de químicos, sitios ilegales de instalación y cierta invasión a bosques protegidos».

Oficiales de BP luego de las declaraciones de Howitt, manifestaron que él nunca visitó las instalaciones de BPO en Colombia y que la información que obtuvo fueron de segunda mano. Fue solamente en 1994 que el gobierno colombiano solicitó a BP el pago de más de 2,5 millones de dólares para compensar el daño ecológico en el río Cravo Sur. Analistas de la industria también han admitido que aunque BP no ha tenido la peor práctica ambiental tampoco ha sido la mejor.

Fuerzas de seguridad de Casanare alternadamente usan su tiempo en proteger las instalaciones y en atentar contra los derechos humanos. Acorde con la FT OJO, más de 200 asesinatos se cometieron en 1995 por la intervención ilegal de fuerzas para – militares designadas a controlar los grupos guerrilleros.

Aún cuando las compañías petroleras, por si solas están comenzando a encontrar al petróleo como una arma efectiva en la guerra contra la droga y la guerrilla. Una página entera propagandística en el Houston Chronicle el mes de septiembre lo definió un nueva y poderosa arma ….en la guerra contra las drogas, en donde una bomba de gasolina en una estación de servicio estaba resaltada.

El anuncio estaba firmado por la compañía estatal Ecopetrol, la Cámara Colombiana de Servicios Petroleros y las subsidiarias colombianas de AMOCO, BP, Nimir, OXY, Shell y Tritón. El anuncio afirmaba que el crecimiento del sector petrolero y su desarrollo en Colombia brindaba la posibilidad de proveer «a aquellas personas vinculadas al tráfico de drogas otra opción, una nueva posibilidad de llevar honestamente su vidas y la de sus familias». Habría que ver cuán honesto es el trabajo para una compañía petrolera que apoya al ejército y a los complejos grupos guerrilleros.

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