SENTENCIA
Tras la realización de las tres Vistas Preliminares en Córdoba,
Salamanca y Barcelona, el pasado día 22 de octubre de 2005, se celebró
en Madrid, el “Tribunal Internacional de Opinión para juzgar las
políticas de Deuda Externa”con la finalidad de enjuiciar la
responsabilidad del Gobierno español, las empresas transnacionales
españolas y las instituciones financieras internacionales en relación
con los daños causados por la llamada Deuda Externa en los pueblos del
Sur.
Esta deuda produce perjuicios desde una perspectiva estrictamente
económica empobreciendo a los pueblos; desde una perspectiva del
deterioro del medio ambiente y entorno natural, cuyo daño se transmite
a las futuras generaciones; y desde un perspectiva que fractura la
convivencia y la organización política, impidiendo un desarrollo
democrático de los pueblos, y dañando a la sociedad con grave perjuicio
y sufrimiento de los sectores menos favorecidos.
Sobre estos puntos versaron los debates, las exposiciones de los
testigos y peritos, y los argumentos defensivos o justificativos, y
sobre los mismos el Jurado ha emitido un veredicto, tras lo cual, este
TRIBUNAL INTERNACIONAL DE OPINION PARA JUZGAR LA DEUDA EXTERNA
Formula, EN NOMBRE DE LOS PUEBLOS QUE SOPORTAN LA DEUDA EXTERNA y de
todos los ciudadanos y ciudadanas solidarios con los mismos, esta
SENTENCIA que declara probados los siguientes HECHOS:
- Constatamos que el monto de la Deuda Externa se ha ido
acrecentando de forma vertiginosa en las últimas décadas y que supone
un claro obstáculo para el desarrollo de una vida digna de los pueblos.
- Constatamos que el pago de la Deuda Externa se cobra diariamente
la muerte de personas y es una de las mayores causas de la violencia
estructural y de la violación sistemática de los Derechos Humanos de la
mayor parte de la población mundial.
- Constatamos que dicha deuda es ILEGITMA ya que:
- Esta pagada con creces
- Los intereses son usureros
- Se concedió a gobiernos dictatoriales y corruptos sin consultar
ni repercutir a sus poblaciones, ya que el dinero se destinó a
proyectos improductivos, compra de armamento o se desvió a cuentas
personales en países del Norte y paraísos fiscales.
- Es utilizada como instrumento de saqueo permanente del Sur y como
medio de presión para imponer políticas neoliberales que lo mantiene
entrampado en un ciclo de dependencia y de más deuda.
- Constatamos la existencia de una DEUDA del Norte CONTRAIDA CON
LOS PUEBLOS DEL SUR que es mucho más profunda y que abarca los valores,
el desarrollo de las personas y las comunidades y que legitima los
sistemas de dominación y sometimiento de los pueblos. El problema de la
DEUDA es un problema de PODER y de injusta distribución de ese poder a
escala mundial, nacional, comunitaria y muchas veces, familiar.
- Constatamos que la Deuda del Norte abarca la inmensa DEUDA
HISTORICA, contraída tras más de quinientos años de saqueo y
destrucción, avasallamiento político y cultural, esclavitud y
sometimiento perpetuado hasta el presente por un sistema y ordenamiento
mundial que ha institucionalizado la iniquidad, el robo, la mentira y
la impunidad.
- Constatamos que los países del Norte han generado una DEUDA
ECOLOGICA la cual tiene importantes impactos sociales y
medioambientales, impide la soberanía alimentaria, contamina el aire,
el agua y el suelo, provoca enfermedades poniendo en peligro de forma
grave la salud pública, y supone una transferencia de carga para las
generaciones futuras, además de comprometer seriamente la supervivencia
del planeta.
- Constatamos asimismo una DEUDA SOCIAL por la violación
sistemática de los DERECHOS HUMANOS incluyendo los derechos a la vida,
al trabajo y a un salario digno, la seguridad social, la educación, la
salud, el acceso a los medios de subsistencia, la alimentación, agua
potable, la vivienda, el derecho a no sufrir destierro, derecho al
desarrollo y la paz.
- Constatamos la existencia de una DEUDA POLITICA de vasta
dimensión ya que muchos países tienen usurpados sus derechos a la vida,
a la soberanía y a la autodeterminación.
- Constatamos una DEUDA CULTURAL por el trasvase de valores y
perversión del lenguaje que convierte a los acreedores en supuestos
deudores; el robo y el saqueo en interdependencia y globalización; la
humillación y la auto-complacencia en ayuda y cooperación.
- Constatamos que el Gobierno español así como el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial han participado en la comisión de
actos internacionalmente ilícitos, dando apoyo a regímenes criminales,
dictatoriales y autoritarios cuando están obligados por el derecho
internacional a respetar y hacer respetar los derechos humanos.
- Constatamos que el Gobierno español, así como la Unión Europea en
su conjunto, pone serias trabas a la libre circulación de los
trabajadores inmigrantes y viola el Convenio de Ginebra para
refugiados, mientras impone al Sur la libre circulación lación de
capitales y mercancías, a través del FMI, la OMC, el BM y la OECD. La
inmigración se produce por causa de las desigualdades económicas entre
los países empobrecidos que tienen, sin embargo, que destinar gran
parte de sus recursos al pago de la Deuda Externa. Así, se condena a
buena parte de la población mundial a una situación sin salida. Ni en
los países emisores de inmigrantes, ni en los receptores, encuentra una
posibilidad para salir de las condiciones de extrema pobreza que
afrontan.
- Constatamos que el Gobierno español ha aumentado la partida de los
Presupuestos Generales del Estado destinada a los créditos FAD (Fondo
de Ayuda al Desarrollo) en un 63,5% respecto al último año. Con ello,
sigue utilizando mecanismos de supuesta “ayuda” que perpetúan la
generación de Deuda Externa y sirven a la internacionalización de la
economía española.
- Constatamos que el Gobierno español utiliza el gasto público y
mecanismos públicos de apoyo a la exportación como la CESCE (Compañía
Estatal de Seguros de Crédito a la Exportación), para impulsar
actividades de empresas transnacionales españolas que comportan
impactos ambientales, económicos y sociales muy negativos en los países
destinatarios de la Inversión Extranjera Directa española. Asimismo,
constatamos la total pasividad e indiferencia del Gobierno español,
ante casos de denuncias por la violación de derechos humanos y procesos
judiciales contra empresas transnacionales españolas tales como,
Repsol-YPF, Endesa, Unión Fenosa, Iberdrola, Gas Natural, BBV, Grupo
Santander, La Caixa, Aguas de Barcelona, Abengoa, FCC,
ACS-Dragados,etc.
- Constatamos que de llevarse a cabo la cancelación de la Deuda
Externa del Gobierno español al ritmo establecido actualmente del 4%,
necesitaríamos 25 años, para alcanzar la cancelación total.
Estos hechos expuestos en el Tribunal Internacional de Opinión para
juzgar la Deuda Externa, constituyen una violación grave del Derecho
Internacional y sus normas y cuerpos legales, tales como la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre los pueblos indígenas y
originarios, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el
Derecho de Autodeterminación de los Pueblos, así como de leyes y normas
de carácter nacional e internacional, tales como el Convenio sobre
Biodiversidad, o el Protocolo de Kioto.
Por ello se condena al Gobierno español, a las instituciones
financieras y comerciales internacionales así como a las empresas
transnacionales españolas a:
- Reconocer política y jurídicamente que las mujeres y los hombres
de los países del Sur son sujetos de derecho. Se debe garantizar
satisfactoriamente los derechos de todas las víctimas de la
globalización capitalista a la verdad, la justicia y la reparación
integral.
- Ejecutar las políticas necesarias para abolir la Deuda Externa.
Prohibir cualquier política económica que tenga repercusiones negativas
sobre otros países, y que ponga en peligro la vida de los ciudadanos o
impida la satisfacción de sus necesidades básicas (soberanía
alimentaria, educación, salud, vivienda digna, agua potable, soberanía
cultural, etc.)
- Instalar una moratoria, sin acumulación de intereses en el cobro
de la deuda de los 82 países del Estado español, con el fin de realizar
Auditorías Públicas Integrales, y participativas, para determinar la
ilegitimidad de la deuda exigida.
- Abolir de forma inmediata e incondicional todas las deudas
impagables e ilegítimas. Establecer un calendario de compromisos para
adoptar un proceso que muestre la verdad, y las responsabilidades
políticas y judiciales de aquellas personas y/o instituciones que
permitieron, fomentaron, e hicieron uso de los créditos ilegítimos.
Restituir los daños causados, e indemnizar a las víctimas.
- Reconocer la deuda ecológica adquirida con los países
empobrecidos –lo que implica pedir públicamente perdón por los daños y
perjuicios causados-, establecer mecanismos para su restitución y
aplicar políticas que eviten su generación.
La prohibición de inversiones públicas y privadas en proyectos que no
cumplan los estándares ambientales, laborales y sociales. La derogación
de todas aquellas políticas que fomentan un modelo de producción,
transporte y consumo, dependientes de la importación de energías no
renovables o la utilización de espacios ambientales fuera de nuestro
territorio.
La cancelación de todos los mecanismos de flexibilidad que permitan
incumplir los compromisos adquiridos de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero.
- Establecer, en los ámbitos que proceda, reparaciones y
responsabilidades judiciales, civiles o penales, por la generación de
deudas ecológicas, sociales y políticas.
La creación de un fondo de compensación por los daños producidos a
causa de la Deuda Ecológica adquirida por el Gobierno español, sus
instituciones públicas y las empresas privadas.
- La eliminación de los créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo)
como instrumento de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), el cierre de la
CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) y el
cese inmediato de sus actividades, así como la no contabilización de la
cancelación de la Deuda como AOD.
- La no utilización de los mecanismos públicos para generar nueva
Deuda Externa o de apoyo a la exportación para impulsar actividades de
empresas transnacionales españolas.
- Ejecutar políticas efectivas para la prohibición del comercio
armamentístico, así como la reducción radical del gasto público
militar. Además del no apoyo a leyes que fomentan la impunidad y las
violaciones de los derechos humanos.
- La incorporación de los puntos expuestos anteriormente en la Ley
reguladora del tratamiento de la Deuda Externa actualmente en trámite
en el Parlamento español, así como en los Presupuestos Generales del
Estado.
- Promover en el ámbito internacional el no reconocimiento tanto en
la Deuda Externa multilateral como de la privada, y proceder al
desmantelamiento de las instituciones internacionales, tales como el
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización
Mundial de Comercio.
- Replantear completamente el concepto de Deuda Externa para que los
países mal llamados deudores sean considerados acreedores, y los países
generadores de Deuda Ecológica, Social y Política, como el Estado
español, sean considerados deudores.
- Garantizar el derecho a la información y el derecho a informar de
los ciudadanos y ciudadanas, mediante legislaciones que pongan fin a la
concentración de medios, y favorezcan a la prensa sin ánimo de lucro.
- Encaminar todas las políticas públicas y privadas hacia una
profunda transformación del sistema económico capitalista.
Ordenamos a todas las autoridades y funcionarios que cumplan y hagan
cumplir la presente sentencia contra la que no cabe recurso alguno.
Y así lo declaramos y firmamos en Madrid, a 22 de octubre de 2005
Firmado, los jueces:
- Juana Calfunao: Lonko de la Comunidad Mapuche Juan Pillalef,
Comisión Etica contra la Impunidad, Red de Defensores Comunitarios,
Chile
- Itziar Ruiz Jiménez: Profesora de Relaciones Internacionales de
la Universidad Autónoma de Madrid.
- Carlos Berzosa: Rector de la Universidad Complutense de Madrid
- Felix Pantoja: Vocal del Consejo General del Poder Judicial
El Jurado Popular ha fallado de forma unánime que los acusados son
culpables de todos los delitos imputados y acusaciones realizadas por
la Campaña ¿Quién debe a Quién? Este jurado estuvo compuesto por:
-
Rosa Regás, Directora de la Biblioteca Nacional
- Carlos Taibo, Profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma
de Madrid
- Javier Ortíz, Periodista
- Cesar Carrillo, Expresidente del Sindicato USO de Colombia, exiliado
- Eunice Khanysa Mabyeka, Jurista, de la Asociación de Estudios
Africanos y Panafricanismo
- Chini Rueda, Teóloga de Católicas por el Derecho a Decidir y del
colectivo Somos Iglesia
- Gemma Tarafa, Activista contra la Deuda Externa, del Observatorio de la
Deuda en la Globalización
- Jorge Fonseca, Profesor de Economía en la Universidad Complutense de
Madrid
- Begoña Lalana Alonso, Abogada de la Junta de la Asociación Libre de
Abogados.
Madrid, 22 de octubre de 2005
|
