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Fluye el petróleo, sangra la selva

-Graffiti en Quito - Ecuador

Keep the oil in the soil and the coal in the hole

-Conference of Polluters - COP17 - Durban 2011

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Resistencia a gasificar la costa

Periódico Diagonal

16 plataforma castor rayo gonzo fotoLos vecinos de las comarcas del Baix Maestrat y Montsià no duermen tranquilos. Desde el 16 de septiembre se suceden temblores bajo sus pies, un total de 350, que han llegado puntualmente a 4,2 grados en la escala de Richter. "Ya no hablamos de microseísmos; en esta escala, se trata de un terremoto en toda regla", advierte Jonathan Gómez Can­tero, vocal del Colegio de Geógrafos de España.

Los temblores han coincidido con el inicio de la inyección de gas colchón, unos 102 millones de metros cúbicos de los 1.900 millones de capacidad total, en el almacén submarino del proyecto Castor, frente a las costas de Alcanar y Vinarós. La sucesión de seísmos ha alarmado a la población y ha obligado a posicionar seincluso a alcaldes promotores del proyecto, como el de Vinarós.

La Generalitat Valenciana activó el Plan de Riesgo Sísmico, que obliga a informar a la población sobre las medidas a tomar en caso de terremoto. En Catalunya activaron también, días más tarde, el Plan Sismicat. Por su parte, el Ministerio de Industria ordenó la paralización de las actividades de inyección hasta que estudios técnicos no demuestren la seguridad de la actividad, mientras la empresa Escal UGS, operadora del proyecto, se empecina en afirmar que todo está bajo control.

La construcción de la planta de almacenamiento de gas submarino Castor tiene más de un lustro de conflicto. En la década de 1980 se explotó el pequeño yacimiento de petróleo Amposta, frente a la costa sur del Delta del Ebro. El proyecto Castor aprovecharía esta cavidad para inyectar gas, creando una reserva estratégica para garantizar el suministro al mercado gasífero español, aunque, reconocen, apenas alcanza un tercio del consumo español de 50 días

Un total de 350 seísmos, que han llegado puntualmente a 4,2 grados en la escala de Richter La población local, mostró desde un primer momento el rechazo al proyecto, sobre todo en Alcanar, aunque su oposición sólo logró alejar varios kilómetros la ubicación de la planta terrestre, municipio vecino de Vinarós. La Plataforma de Defensa de les Terres del Sénia ha sostenido una tenaz contienda legal presentando alegaciones y recursos en los que ya advertían en 2010 de la "inexistencia de estudios sismológicos a pesar del riesgo de aumentar la actividad sísmica de la zona por la proximidad de una falla a la plataforma marina". Lluc Ulldemolins, uno de sus portavoces ahora se lamenta: "Es una lástima que la población haya necesitado que la tierra tiemble para movilizarse".

En su momento, la Plataforma ya había presentado alegaciones contra la ocupación de 4.770.000 m2 de bienes de dominio público marítimo-terrestre, los impactos sobre la avifauna que hace ruta migratoria con escala en el vecino Parque Natural del Delta de l'Ebre, los muy probables derrames de hidrocarburos, el impacto visual y ambiental de las chimeneas de venteo de gas (de 28 metros) y de incineración (de 15), así como las cinco turbinas y una caldera de ocho metros. También fue criticada por los municipios la difícil convivencia entre el sector industrial hidrocarburífero con el resto de sectores que hasta ahora han mantenido a la región, como son el pesquero, el agrícola y el turístico.

Las cofradías de pescadores denunciaron la prohibición de faenar en una circunferencia de media milla de la plataforma y el descenso de capturas de langos­tinos y doradas. Reciente­mente, una carta del Consistorio de Alcanar, dirigida a varios departa­mentos de la Adminis­tración, citaba un informe de la Policía local de ese municipio que daba cuenta de "manchas oscuras cerca de la costa coincidiendo con el inicio de la inyección de gas".

Favores públicos a Florentino Pérez

El proyecto Castor está operado por la empresa Escal Ugs, de la cual ACS, la constructora de Florentino Pérez, poseía dos tercios del accionariado. Inicialmente la obra estaba presupuestada en 500 millones de euros, aunque para llevarse a cabo se pidió un crédito al Banco Europeo de Inversiones por valor de 800 millones. Con el inicio de las construcciones el presupuesto aumentó a 1.200 millones de euros. Ante las quejas del sector energético por el desequilibrio financiero del Castor, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo llegó a suspender el proyecto –Real Decreto-Ley 13/2012 de 30 de marzo– "para evitar desajustes entre los costes e ingresos del sector eléctrico y gasista, con el fin de evitar un aumento en la factura del gas" y por el descontrolado aumento de costes en tiempos de crisis económica. Sin embargo en mayo de 2013, un cambio legal introducido por el Ministerio de Industria "ha eximido a Escal UGS de gastarse un dinero del que probablemente no dispone para sufragar el gas que permitirá poner en marcha el almacén", informaba el diario digital Voz Populi. De esta manera, la empresa Enagas cubrirá la financiación del relleno del depósito quedándose con la mitad de las acciones, que tenía ACS en la empresa.

El proyecto Castor está operado por Escal Ugs, de la cual ACS, constructora de Florentino Pérez, poseía dos tercios del accionariadoLos temblores nocturnos del 30 de septiembre y 1 de octubre, que llegaron a 3,9 y 4,2 grados respectivamente, fueron percibidos por centenares de vecinos. El lunes 30, unas 300 personas se convocaron en una concentración frente el Ajuntament de Vinaròs. También hubo caceroladas los días siguientes en los pueblos de Alcanar y Sant Carles de la Rápita y una concentración de más de 1.500 personas la tarde del 3 de octubre. El 6 de octubre se convocó una manifestación en el puerto pesquero de Les Cases d'Alcanar para expresar el repudio popular a este proyecto. Por otro lado, entidades sociales de la provincia de Tarragona han pedido la paralización de las centrales nucleares de Ascó y Vandellós ante el riesgo sísmico. Tras años de resignación, la población empieza a percibir las consecuencias de permitir la construcción de una infraestructura que esquivó el principio de precaución y la transparencia pública.